Joaquín Lavín, candidato presidencial de la ultraderechista Unión
Demócrata Independiente (UDI), insiste en levantar la lucha contra la
delincuencia. "Los delincuentes van a votar por Michelle Bachelet",
dijo, y apuntó con el dedo a Lagos señalando: "Han pasado seis años de
su gobierno y la delincuencia es el doble. Es por eso que no me voy a
quedar callado de aquí al fin de la campaña. ¡Si pudiera hablar de la
delincuencia todos los días, hablaría todos los días, porque quiero que
se haga conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo!". Lavín
recalca que el "problema número uno" de hoy es la delincuencia: "Cuando
salgo a la calle, lo que la gente me dice es: 'don Joaquín, ¡mano
dura!'. Eso es lo que necesita Chile".

La derecha ya ha conseguido restringir el derecho a la libertad
provisional en la reciente Reforma Procesal Penal. Sebastián Piñera,
candidato presidencial de la centro derecha, también aprovechó el clima:
"Si no tomamos el toro por las astas, seguirán habiendo niños inocentes
de cinco años que mueren saliendo de la reja de su casa", dijo luego de
visitar a los familiares de un menor de La Granja muerto durante un
tiroteo.

Temor, más y más rejas, encuestas donde los ciudadanos responden que
su principal miedo es la delincuencia; horas en los noticiarios y
páginas en los diarios; adquisición de armas y alarmas; negocio de las
aseguradoras, etcétera, son parte del imaginario que se impone. Las
propias cifras de la Fundación Paz Ciudadana -dirigida por Agustín
Edwards, dueño de El Mercurio-, dicen que ciertos
índices de delincuencia han bajado, aumentando otros como el
robo-hormiga en los supermercados y el de automóviles. Chile presenta el
menor número de robos con violencia, secuestros y de homicidios de
Latinoamérica, y Santiago figura entre las ciudades más seguras del
mundo. ¿Y entonces?

"Si bien el tema de la seguridad ciudadana no es completamente nuevo,
pues al menos desde los años cincuenta que se viene manifestando, no son
pocos quienes afirman que se instala como una de las principales
prioridades sociales hacia finales de los 90 por el Manhattan Institute,
organización norteamericana de orientación conservadora que considera
que la guerra contra el comunismo ha concluido y que la nueva prioridad
debe dirigirse al resguardo de las personas y su calidad de vida bajo la
premisa que el resguardo e inviolabilidad de los espacios públicos
resulta esencial para la vida en la ciudad y que el desorden genera
delincuencia. Esta doctrina constituyó la base entonces de la conocida
teoría de las 'ventanas rotas' elaborada por James Q. Wilson y George
Kelling, que inspiró la política de 'Tolerancia Cero', encabezada por el
ex alcalde de Nueva York Rudolph Giulliani. Ahora bien, el tratamiento
del tema de la inseguridad en los medios de comunicación de masas en
muchos países del mundo durante el último cuarto de siglo y en Chile
durante la última década, ha implicado entenderlo como un problema
social de primera importancia en la agenda nacional y, por tanto, de
connotación política. Invariablemente, una vez que el incremento de las
tasas de criminalidad alcanza elevada difusión social y se generaliza la
sensación de peligro -muchas veces por un tratamiento sensacionalista
por parte de los medios masivos y/o interesadamente motivado por ciertos
niveles de decisión como también por los denominados 'poderes
fácticos'-, la opinión pública demanda una respuesta eficaz de la
autoridad, exigiendo frecuentemente medidas que implican incrementar el
control y la represión", señalan los sociólogos Emilio Torres y Patricio
de la Puente.

Miedo al otro

El temor es el catalizador de la derecha para seguir imponiendo su
agenda, que incluye fin del indulto a delincuentes, cadena perpetua
efectiva, "tercera es la vencida", eliminar la libertad condicional y
retorcer las garantías de la Reforma Procesal Penal. Según el Centro de
Estudios Públicos (CEP), Joaquín Lavín destaca entre los presidenciables
en el "tema de la delincuencia". Es el mejor "evaluado". Según su última
encuesta, el principal problema que los chilenos perciben que debe
solucionarse es la delincuencia (47 por ciento), junto con la salud (42
por ciento) y el empleo (40 por ciento).

Con el pretexto de la urgencia de políticas de seguridad ciudadana,
se sigue fortaleciendo el control social a través de un sistema
represivo-preventivo, que mantiene estructuras centralizadas e
innumerables ramificaciones territoriales en las poblaciones, la zona
mapuche, e incluso centros estudiantiles. El control social se basa en
organismos de inteligencia y la especialización y militarización de las
policías, que mantienen su tradición autoritaria al servicio de las
clases dominantes. El férreo control sobre la sociedad ejercido por
medio del modelo económico es reforzado por los medios de comunicación y
la propia "seguridad ciudadana".

Según George Kelling, "el mantenimiento del orden social y la
atención 'apropiada' de los delitos menores previenen y reducen los
demás. Pero también, 'acabar' con una cultura de dependencia para
reemplazarla por motivación, independencia y diligencia". Es decir, lo
importante para las políticas de seguridad es acabar con el gasto social
en los sectores pobres, de manera que "dejen el ocio y la 'potencialidad
de delinquir', para serle útil al mercado".

El cambio se opera a nivel superestructural, culturalmente,
socializando el miedo desde y con los medios de comunicación. De esta
forma, el sujeto percibe en el discurso de la seguridad ciudadana su
propia realidad. Aunque no sea real, cree que lo es. Ese es el fin de
bombardearnos con la crónica roja que repite hasta el cansancio el
"peligro" de acudir a lugares públicos, o salir de casa. El "peligro" de
estar con otros. El sistema se reproduce, manipulando el miedo en
millones de personas. Se atomiza aun más la sociedad, modificando la
relación con los otros. El fin último es excluir al otro -el supuesto
delincuente pasa a ser una no-persona que merece la peor condena o la
muerte con tal de proteger a la sociedad- y destruir el espacio publico.
Espacios de interacción, debate, reciprocidad, reflexión y organización,
comienzan a desaparecer. La pobreza se transforma en un crimen y no se
puede confiar de nadie. Mientras, el sistema sigue su marcha.

Una encuesta de la Universidad Católica Silva Henríquez advierte que
más del 92 por ciento de las personas de "estratos bajos" (pobres)
señala que la seguridad ciudadana es "regular" y "muy mala". El 60,4 por
ciento de los encuestados se siente "inseguro" o "muy inseguro" en los
espacios públicos y el 59,9 por ciento se siente "menos seguro" o "mucho
menos seguro" que hace diez años. La percepción, alimentada por los
medios de comunicación, contrasta con la opinión de Ricardo Lagos:
"Nunca en la historia de este país hemos invertido tanto en seguridad
ciudadana como lo hemos hecho en estos últimos años. Ese tremendo
esfuerzo implica sacar adelante la Reforma Procesal Penal y una nueva
justicia, más rápida y con mayores índices de eficiencia".

En octubre se comienza a aplicar en la Región Metropolitana el Plan
Regional Antidelincuencia (PRAD) -cada región define los delitos y los
sectores específicos que decide trabajar y coordina esfuerzos para
disminuirlos-, que ya funciona en el resto del país. Los PRAD han
significado reducir en un 11,5 por ciento las denuncias por delitos de
mayor connotación social y un alza de 6,4 por ciento en el número de
detenciones en los sectores focalizados. A pesar de las cifras, la
inseguridad persiste en amplias capas de la población. Desde hace meses,
se viene machacando a la ciudadanía una agenda de seguridad de la mano
de Paz Ciudadana. Con éxito mediático se impone la idea que el gobierno
ha fracasado en su lucha contra el delito, y que la "seguridad
ciudadana" es la principal preocupación de la ciudadanía.

Mano dura

El gobierno modificó la Ley de Control de Armas y Explosivos elevando
las penas: ha sido aplicada principalmente contra estudiantes. La Ley
Antiterrorista se sigue aplicando contra comuneros mapuche. Una suerte
de "Estado policial" ya se instaló en el sur. Son más de 400 los mapuche
procesados por movilizaciones de las comunidades en conflicto. A esa
cifra hay que sumar órdenes de detención y presos políticos mapuche en
la VIII y IX regiones. Ministros especiales y fiscalías se han encargado
de investigar -desde fines de 1997- hechos producidos en el sur del país
en el marco del conflicto que enfrenta a mapuches y empresas forestales.
Decenas de mapuche se encuentran sometidos a proceso por la Ley de
Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista, y han denunciado
al nuevo sistema procesal penal como un nuevo instrumento del racismo.

Se repite hasta el cansancio que la "seguridad ciudadana" es el
problema de mayor preocupación en la población, por sobre la cesantía o
la democratización de la sociedad. Según cifras gubernamentales, los
delitos de "alta connotación social" se mantienen estables e incluso han
disminuido. Lo que aumenta es la cifra de denuncias y la percepción de
temor. La agenda antidelincuencia es parte del objetivo estratégico de
las clases dominantes. Su expresión política exacerba en el imaginario
el cuestionable aumento de la delincuencia, con el fin de acentuar las
desigualdades, perpetuar la impunidad de los responsables de violaciones
a los derechos humanos y reprimir cualquier atisbo de organización. La
"seguridad ciudadana" ha reemplazado a la "seguridad nacional", en un
contexto donde se hace aparecer a la inseguridad como pan de cada día y
consustancial al proceso de "crecimiento económico" y desigual
distribución del ingreso.

En marzo de 1997 se implementó un plan antidelincuencia en cinco
comunas de Santiago. Se destinaron 350 millones de pesos y se incrementó
la dotación de Carabineros en 1.350 funcionarios. No dio los resultados
esperados y se optó por otra estrategia, el "Plan Cuadrante", que vio la
luz en febrero de 1998, dividiendo Santiago en "sectores" que
facilitarían la vigilancia por parte de Carabineros que intentarían
mayor interacción con la comunidad. El Plan continúa, y ha sido
reformulado en varias oportunidades incrementando la presencia policial
en los sectores populares e interviniendo en ciertas poblaciones
consideradas de riesgo.

En abril de 1998, el presidente Eduardo Frei Ruiz- Tagle dio a
conocer un paquete de medidas del Nuevo Plan Antidelincuencia, que
incluía algunos ajustes legales, un nuevo reglamento penitenciario,
promover la colaboración ciudadana en la acción de Carabineros, aumentar
el control policial en zonas de mayor riesgo, mejorar la atención de las
víctimas ampliando las capacidades del Servicio Médico Legal y dar un
mayor énfasis en la prevención del consumo de drogas. Se invirtieron,
además, 5.500 millones de pesos en programas comunitarios.

Frei Ruiz-Tagle impulsó proyectos para modificar la dependencia de
Carabineros e Investigaciones del Ministerio de Defensa, trasladándola
al de Interior, para la creación de un viceministro de Seguridad Pública
y la creación de la Dirección Nacional para el Control de Drogas y
Estupefacientes, cuyo órgano superior sería el Conace. En las propuestas
legales se buscó acelerar los trámites de los proyectos del Ministerio
de Justicia en cuanto a la Ley Orgánica Constitucional de Ministerio
Público, Código Procesal Penal, ley sobre violación y delitos sexuales,
legislación familiar y de menores, y anteproyectos sobre Defensoría
Penal Pública, responsabilidad juvenil y eliminación del trámite de
discernimiento, entre otras.

A comienzos de 1999 se da curso al séptimo plan de seguridad,
aumentando la capacidad operativa de las policías externalizando los
servicios de 24 de las 67 funciones administrativas desempeñadas por
Carabineros, para que cerca de 12 mil efectivos sean redestinados a
labores de prevención y represión en las calles. El llamado Plan Vecinal
Integral, eje de la estrategia antidelincuencia en el último año de
Frei, contempló como puntos claves la Reforma Procesal Penal, la ley que
restringe las libertades provisionales y el incremento de la dotación de
Carabineros en 12 mil hombres. Una de las últimas medidas fue la
creación del Consejo Metropolitano de Seguridad, dependiente de la
Intendencia de Santiago.

Atemorizando a la población

El Plan de Seguridad Vecinal Integral, potencia al Plan Cuadrante
"con mayor presencia policial, optimizando el tiempo de respuesta
operativa y generando un notable acercamiento a la comunidad". Dentro
del Plan Cuadrante, el Plan Estratégico de Control Delincuencial
Selectivo implementó medidas dirigidas a áreas específicas, como la
locomoción colectiva ("bus seguro"), población femenina ("plan
señuelo"), entre otros.

El Plan Cuadrante, iniciado tras un período de prueba en 1998 en las
unidades policiales de la zona sur de Santiago, fue puesto en marcha en
abril del 2000 en toda la Región Metropolitana, a excepción de comunas
como Buin y Calera de Tango. Su "objetivo" es desarrollar un sistema de
vigilancia preventiva las 24 horas del día y "lograr un acercamiento con
la comunidad y aumentar la presencia policial en las calles", señala un
estudio.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos, Carabineros ha continuado
"perfeccionando" el Plan Cuadrante, con nuevas iniciativas como el Plan
Comuna Segura Compromiso Cien y otras, que han significado incluso la
intervención de poblaciones completas.

Según los sociólogos Emilio Torres y Patricio de la Puente, en las
políticas antidelincuencia no se observan esfuerzos de gran escala que
se orienten a la "prevención primaria", es decir, que adopten medidas
estructurales para inhibir los procesos de formación de la delincuencia.

"También la problemática de la drogadicción juvenil ha sido
normalmente tratada como fenómeno aislado. Sólo recientemente se
observan intentos para vincularla a la seguridad ciudadana. Algo similar
ocurre con la prevención de tipo terciario, que implica actuar con
posterioridad a la ocurrencia del crimen mediante procesos de
rehabilitación y reinserción social de los delincuentes, iniciativas que
vienen recibiendo severas críticas en nuestro medio por lo restringido
de su aplicación, la falta de recursos asignados y la carencia de
compromiso de sectores ajenos al Estado, como los empresarios y la
ciudadanía en general para facilitar los procesos de readaptación."

Agregan: "La sensación de inseguridad no guarda relación estricta con
las estadísticas que registran empíricamente las probabilidades de ser
víctima de delitos (…) Sobre la base de los resultados de las encuestas,
es posible observar que el problema de la delincuencia parece y se
mantiene como una prioridad entre los chilenos, alcanzando mayor
atención que otras dimensiones tradicionales de la agenda pública y las
demandas sociales, como que el empleo, la salud o la educación. De
hecho, en 1989 sólo para el 29 por ciento de la población este tema era
de gran importancia, en cambio a partir de inicio de la década de los
noventa, la preocupación por la delincuencia supera incluso a la salud,
que siempre se ha destacado como una de las principales dificultades que
enfrenta el país. Se generalizó la publicación periódica de cifras y
estadísticas sobre delitos, variaciones porcentuales entre períodos y
comentarios de diversos actores. En ese sentido, la importancia otorgada
por la población a la delincuencia durante este período, siempre supera
las denuncias efectivas en los delitos más frecuentes. Lo anterior
permite sospechar un interesante efecto de 'agenda setting'. Es decir,
de una correspondencia entre la selección que realizan los medios
masivos de comunicación al incorporar en sus principales titulares,
reportajes y secciones noticiosas el tema de la inseguridad y la
prioridad que la opinión pública comienzan a darle".

Según ambos sociólogos, la discusión en torno a las cifras se cruza
con el análisis económico del delito. "Uno de los trabajos más acabados
al respecto ha sido efectuado en Cepal, por Iván Silva. En este estudio
se estima que el costo económico de los delitos en una ciudad como
Santiago asciende aproximadamente a 275 millones de dólares anuales. Los
delitos contra las personas representan, en promedio, el 72 por ciento,
mientras que los accidentes del tránsito, que son considerados como
cuasidelitos, alcanzan a 28 por ciento del costo total. Entre las
comunas, es Santiago la que acumula los mayores costos económicos de los
delitos, bordeando los treinta millones de dólares, seguida por Maipú,
Las Condes, La Florida, Providencia, Ñuñoa y San Bernardo. Las comunas
con menores niveles de vigilancia policial coinciden, en general, con
aquellas más pobres del Gran Santiago, lo que revela un factor de
inequidad en la distribución de los medios policiales para combatir la
delincuencia en toda la ciudad", agregan.

(*) Una versión de este artículo fue publicada
por la revista Punto Final.